“El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen veraces…”
George Orwell
La información del triángulo dorado Guzmán-Del Castillo-Penn, no es el único tema a comentar en estos días. Está ahí el aumento del dólar y la caída de los precios del petróleo, pero en una visión donde se implementan acciones para afectar a los de por sí ya vulnerados por las crisis económicas. En vez de efectuarse mecanismos para revertir los estragos causados por las devaluaciones e incremento de los precios, la salida es la implementación de castigos y neutralización de los siempre olvidados.
Este 12 de enero, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la “Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos”, que pretende prevenir el robo de combustibles y objetos relacionados, a través de un Estado Policial y la aplicación de penas severas a quienes lleguen a cometerlo.
Se trata de una ley de las más violentas creadas en últimos años para castigar hechos de naturaleza económica. Mientras que las normas federales castigan la Pornografía Infantil de 7 a 12 años de prisión, la Violación de 8 a 20 años, y el Homicidio Doloso de 12 a 24 años, esta Ley Federal sanciona conductas de sustracción, aprovechamiento, especulación, resguardo y posesión de hidrocarburos y objetos muebles o inmuebles relacionados, sin consentimiento de sus titulares, con penas varias, siendo las más graves de los 15 a 25 años de prisión, y multas de 15,000 hasta 25,000 días, para quienes se apoderen o aprovechen de los combustibles; penas que pueden aumentarse en una mitad, si quienes lo realizan son trabajadores o prestadores de los servicios en materia de hidrocarburos, por lo que pueden alcanzar hasta los 37 años de prisión. Además, la ley obliga al Ministerio Público a solicitar siempre prisión preventiva del acusado, para tenerlo detenido durante un proceso, sin que aún se le haya declarado culpable. En síntesis, para esta norma aprobada por el Congreso Federal, debe mantenerse detenido, y castigarse con mayor severidad al que robe combustible y lo use, que atacar sexualmente a una persona, o privarla de la vida.
Aclaro que no estoy tratando de establecer que las otras penas deban aumentarse, sino que es evidente la desproporción en estas sanciones, que en ocasiones se dirigen a aquellos que carecen de satisfactores, y se ven orillados a cometer alguna conducta ilícita, pues los precios están sumamente elevados, mientras los ingresos siguen por los suelos, a pesar de que la reforma energética se presumió con un discurso completamente distinto: la baja de los precios, y el aumento de los satisfactores e ingresos.
En alguna ocasión, el Juez brasileño, Amilton Bueno de Carvalho, escribió que la delincuencia tiene como madrastra a todas las injusticias sociales. Cuánta razón en esa frase, que no escapa de una realidad donde el sistema de justicia penal tiene como clientela predilecta a los pobres, no sólo en categoría económica, sino olvidados y negados en sus derechos y en los satisfactores de sus necesidades.
En México, hasta junio de 2015, contábamos con poco más de 121 millones de habitantes. Si relacionamos ese número con las cifras publicadas en julio del mismo año, por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en nuestro país 55.3 millones de personas se encuentran en situación de pobreza (número mayor a los años 2010 y 2012); de esa cifra, 36.6 en pobreza moderada, y 9.6 en pobreza extrema. Además, 72.4 millones cuentan al menos con una carencia social, 68.5 tienen carencias relacionadas con la seguridad social, 21.2 relacionadas con acceso a servicios de vivienda, y 23.4 respecto de la alimentación. Es evidente que las condiciones críticas de pobreza y carencia de satisfactores, son causales del aumento de la delincuencia y, en consecuencia, incremento de la potencialidad de ser autor o víctima de un delito.
Con esto no trato de decir que entonces es adecuado cometer conductas delictivas, sino que la atención a las causas de la delincuencia no se encuentra en la creación de normas que impongan penas severas, sino en políticas públicas adecuadas para la satisfacción de necesidades, lo que sí atenuará el problema delictivo. No obstante lo anterior, esta nueva ley establece como estrategias de prevención la vigilancia policial, el estudio de patrones delictivos, y la identificación de personas y sectores de riesgo; no de acciones de mejora social y atención o protección de la población vulnerable.
Creo que es de sentido común saber que no es con el aumento de policías o de medidas de control violento, con lo que disminuirá la delincuencia e inseguridad; es con actividades de satisfacción de necesidades (alimentación, salud, educación, trabajo, salarios, vivienda, espacios públicos, cultura, etc.), y programas a largo plazo, con lo que podrá atenuarse la violencia social a un promedio tolerable. Pero esto implica la inversión de millones de recursos, y es más barato echar mano del sistema penal. Como escribió José Revueltas en una celda de Lecumberri, en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza.