Recientemente nos hemos enterado de la posibilidad de reducción al subsidio para la implementación del nuevo sistema de justicia penal para el próximo año. Así se incluye en la propuesta del Presupuesto de Egresos Federal para el 2016, donde los recursos solicitados bajarían en un 29 por ciento, respecto de la cantidad aprobada en este año.
El 19 de junio de 2016, el nuevo sistema penal acusatorio debe estar implementado y trabajando en todo el territorio nacional. El cambio no se logrará simplemente con creación de normas, sino que es indispensable la infraestructura, equipamiento, reestructuraciones administrativas, capacitación, remuneraciones, y un trabajo fuerte de difusión y concientización desde áreas públicas y privadas, para que se comprenda que esta estructura permitirá un control público de las resoluciones, y ayudará a verificar si las instituciones cumplen efectivamente con sus actividades, respetando en todo momento los derechos humanos de los que formamos parte de esta Nación.
Entre varias cuestiones que deben tomarse en cuenta para la implementación del nuevo esquema procesal, se resalta que las Fiscalías de los Estados, deben reestructurarse con con unidades de atención temprana para la recepción de los afectados y la información; de salidas alternas para la solución del conflicto; de investigación y procesamiento para lograr la adecuada procuración de justicia; de capacitación para actualización constante; de atención a la ciudadanía y medios de comunicación, para la vinculación social; tomando en consideración que se convierte en un sujeto procesal con igualdad frente a otros intervinientes.
Las defensorías deben contar con unidades de capacitación, investigación, evaluación de casos y vinculación social; la igualación de salarios con los Fiscales del Ministerio Público, y un servicio profesional de carrera, para lograr un mayor nivel de profesionalización, de confianza y seguridad. Además de contar con unidades especializadas de auxiliares jurídicos y en investigación para defensores; y finalmente regular claramente la figura de contratación de defensa privada a cargo del Estado, en casos de imposibilidad material o de un alto perfil de especialización.
En los Poderes Judiciales se requerirán varios jueces, así como administradores de tribunales, para el auxilio de labores no jurisdiccionales en la gestión administrativa (coordinación con los jueces, seguimiento de causas, salas de audiencia, agenda judicial, apoyo informático y tecnológico, gestión de recursos, etc.), junto con la policía procesal, que realizará actividades de cumplimiento de mandatos, vigilancia y seguridad de los tribunales.
Y aún hay más. Las Instituciones de Seguridad Pública deben contar con policías de proximidad, las unidades encargadas de responder y asegura dato de prueba y lugar de los hechos, así como el establecimiento de la policía procesal auxiliar de juzgadores, y la unidad o autoridad encargada del seguimiento y vigilancia de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, en cumplimiento de las determinaciones de los jueces.
Son necesarias Comisiones Generales de Víctimas que apoyen en el aseguramiento de los derechos de los afectados, con recursos para logara la efectividad de sus derechos, y la asesoría en la defensa de sus intereses. Y no podemos olvidar la nueva estructura que deberá tener el Sistema de e Justicia Penal de Adolescentes, y la etapa de Ejecución de Sanciones, que con base a la reforma constitucional, y las nuevas leyes generales que se están proyectando, dejarán atrás las disposiciones inquisitivas, para adecuarlas a un proceso acusatorio oral, por lo que deberán tener los mismos requerimientos antes apuntados. Varias instituciones de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de organismos autónomos y privados, también aportarán a la debida implementación.
El sistema penal acusatorio es más que una modificación normativa: se trata de una conversión de las personas al tomar conciencia de que el viejo modelo de reacción penal, genera desconfianza en la población; de ahí que, lo más importante será el modificar estereotipos o paradigmas no protectores de derechos humanos, cambiar la cultura inquisitiva y sustituirla por una cultura jurídica de protección a derechos humanos. Para ello, entre otras cosas son necesarios los recursos económicos, pero si éstos llegan a disminuirse, se tiene que lograr todo, el mismo estándar de calidad, con menos; pues los derechos humanos y fundamentales, no están sujetos a cálculos políticos, falta de presupuestos, ni intereses de unos cuantos.
A seguir trabajando entonces en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, lo cual nos corresponde a todos los integrantes de esta sociedad, puesto que, en palabras de Paulo Freire, “la realidad no es así, la realidad está así; y está así, no porque ella quiera. Ninguna realidad es dueña de sí misma: ésta realidad está así porque estando así sirve a determinados fines. Nuestra lucha es por cambiar ésta realidad y no acomodarnos a ella”…
No hay comentarios:
Publicar un comentario